La Ley 1581 de 2012 establece el reconocimiento y la salvaguardia del derecho fundamental que poseen todas las personas para estar informadas, actualizar y corregir los datos que hayan sido recolectados acerca de ellas en bases de datos o registros susceptibles de ser gestionados por organizaciones tanto públicas como privadas.
Cuando mencionamos datos personales, hablamos de cualquier información relacionada con una persona que posibilite su identificación. Esto incluye datos como su documento de identidad, lugar de nacimiento, estado civil, edad, dirección de residencia, historial académico, laboral o profesional. También hay información más delicada, como su estado de salud, rasgos físicos, creencias políticas, vida íntima y otros aspectos similares.
Los datos personales conforman la información necesaria para que una persona pueda interactuar con otras o con una o más empresas y/o entidades para que sea plenamente individualizada del resto de la sociedad, haciendo posible la generación de flujos de información que contribuyen con el crecimiento económico y el mejoramiento de bienes y servicios. Así por ejemplo, cuando hacemos una solicitud de crédito ante una entidad financiera, se requiere diligenciar formularios con nuestra información personal, o cuando realizamos una compra y para realizar la factura de venta solicitan datos como el número de documento de identidad, correo electrónico, dirección y teléfono de contacto, entre otros.
La recolección de datos personales debe tener una finalidad legítima y cierta, es decir, una razón de ser de esa recolección. Además, los datos recolectados deben ser pertinentes y adecuados para alcanzar dicho fin. Por ejemplo, si lo que la organización quiere es vincular un nuevo cliente al portafolio de su empresa, debe pensar si es necesario solicitar datos como su talla de ropa o de calzado, cuando lo que se pretende es venderle productos para mascotas.